El valor económico total perdido para siempre con el Prestige, ¿tampoco hace culpable a nadie?

Coincide el final del proyecto BIOES2, tras cuatro años de trabajo, con la publicación de la desgraciada, lamentable, absurda e indignante sentencia del llamado caso Prestige. De hecho, el mismo día que hacemos público el vídeo final en el que resumimos en imágenes lo realizado durante estos cuatro años, nos enteramos de que no hay culpables por un atentado medioambiental brutal en las costas gallegas. Y más allá de la lógica indignación que produce la lectura de la sentencia se me ocurre que qué hubiera pasado si los señores y señora magistrados que han llevado el caso,-  los incalificables Juan Luis Pía, Salvador Sanz y María Dolores Fernández – hubieran sabido un poco de cuantificar y valorar económicamente los activos, en este caso, naturales, del medio en el que sucedieron los hechos. Hubieran tenido alguna idea, básica, de la metodología que hemos desarrollado en nuestro proyecto, basada en un sistema de Proceso Analítico Jerárquico. Claro, para eso hay que saber matemáticas y psicología, no basta con saber interpretar las leyes, que para todo hay que valer.

Sin lugar a dudas, uno de los resultados más evidentes que pone de manifiesto nuestro trabajo de cuatro años, es que somos incapaces de creernos que el medio natural que tenemos no sólo tiene un valor en sí mismo (que muchas veces nos cuesta creerlo) sino que, además, se revaloriza en la  medida en que somos capaces de gestionarlo y de mantenerlo para que otros lo disfrutren también en el futuro.

El desastre ocasionado por el vertido del Prestige suprimió de un plumazo enormes bolsas de riqueza natural, de valor de un territorio, de posibilidades de desarrollo que, sin duda, aniquilaron las posibilidades de todo un territorio de poder gestionar esos activos para, con ellos, poder obtener modelos innovadores de desarrollo en la zona.

Hoy sólo nos cuentan lo que se invirtió en recuperar aquellas aguas, aquellas costas, en las horas de trabajo que se perdieron, en la aniquilación de una parte de los recursos pesqueros de la zona…, incluso algunos se acuerdan de las miles de horas empleados por los voluntarios que acudieron a la zona a limpiar con sus propias manos, pero no se habla del valor real que hoy tendría la adecuada gestión de unos recursos ambientales en una zona antes de la tragedia. Tampoco se habla del valor de legado que tendrían unas costas limpias, sanas, con una flora y una fauna reforzadas por una sostenible gestión ambiental. ¿Y cuál sería el valor de existencia de todo ese entorno? ¿Los señores y la señora magistrada han sido capaces de valorarlo? ¿Cuánto vale tener al alcance de la mano un patromonio cultural de gran valor antes, claro, de que el buque asesino surcase sus aguas y lo llenase todo de chapapote? Pero… ¿estos señores y señora magistrados se han preguntado qué hubiera pasado si los activos aniquilados por el vertido del Prestige hubieran tenido un valor de opción propio? Es decir, si en aquellas aguas hubiera habido un activo o recurso propio, autóctono, característico que… con los años hubiera podido desarrollar una nueva fuente de riqueza?

Días como estos, en los que nos enfrentamos a una vulneración total y absoluta de nuestros derechos medioambientales como ciudadanos, son lamentables, muy tristes. Somos incapaces de darnos cuenta de todo lo que perdemos cuando destrozamos así nuestro entorno natural y no hacemos nada, no ya por evitarlo, si no por protegerlo de cara al futuro. A ver si nos enteramos señores y señora magistrados que conservar nuestro medio natural es enriquecer nuestro patrimonio como ciudadanos, es favorecer que podamos vivir en un espacio más saludable, es revalorizar nuestro espacio vital pero, sobre todo, es legar a nuestros sucesores algo que no nos pertenece, algo que es de todos y eso… tiene un valor que, desde luego, por absoluta ignorancia de los señores y señora magistrados, no se ha tenido en cuenta.

Insisto, más allá de los gastos ocasionados por las tareas de recuperación de esas costas y de esas aguas, habría que haber tenido en cuenta el valor económico total que tenía la zona antes del derrame. En ese caso, y sólo en ese caso, estos señores y señora magistrados habrían podido valorar que, independientemente de qué, quién o cómo se produjese el desastre (algo que al parecer no son capaces de determinar) hay un valor económico del territorio que cayó en picado desde que la primera gota de petróleo tocó las aguas del Atlántico. Y ese robo de la posibilidad de crecimiento y desarrollo de un territorio sí debería de haberse valorado, y ese robo sí debería de tener unos culpables.