La alianza corrupta entre empresa y fondos públicos

La Comisión Europea acaba de hacer público su Informe sobre Corrupción en la UE (EC Anti Corruption Report) en la gestión de la cosa pública, sobre todo. Sin quitarle importancia al contenido del informe, y tras una concienzuda lectura de las cuarenta páginas del mismo, hay un par de afirmaciones que no dejan de sorprenderme por lo que encierran de corrupción encubierta, asumida y asimilada, además. La primera de ellas asegura que cuatro de cada diez empresas consideran que la corrupción, el clientelismo y el nepotismo son un problema a la hora de hacer negocios. Además, tres de cada diez empresas que participaron en contrataciones públicas dicen que la corrupción les impidió ganar un contrato.

Y realmente me sorprende que el sector empresarial esté tan convencido de que la corrupción pública es un arma que les hiere cuando una buena parte de las empresas que participan en el reparto de los fondos públicos, y son muchas y a veces muy pequeñas, sustentan una buena parte de su modelo de negocio en la corrupción y el nepotismo a la hora de gestionar esos recursos públicos. Y me estoy refiriendo a empresas, por ejemplo, que en estos momentos están gestionando fondos procedentes del FEADER, o recursos que también desde Europa se gestionan vía ministerios como el de Industria o el de Agricultura, por poner ejemplos que conozco. Pero también me refiero a empresas que reciben y han recibido recursos de Europa vía programas como Energía Inteligente para Europa, Aprendizaje Permanente, entre otros.

¿Y qué hacen estas empresas? Fundamentalmente utilizar esos fondos públicos para engordar su cuenta de resultados derivando gastos corrientes, que serían de difícil justificación si no fuera por certificaciones internas que se presentan a autoridades de gestión que no tienen capacidad efectiva de comprobación. O hacer compras masivas de servicios financiados con dinero público que, posteriormente, son utilizados por la propia empresa. En este caso, por ejemplo, me refiero a compras de servicios en hoteles y restaurantes que se justifican con facturas ante las autoridades de gestión pero que no corresponden con la realidad del servicio realmente comprado y utilizado; o, muy habitual también, efectuar gastos de imprenta a cargo del fondo público para dotar a toda la plantilla de tarjetas de visita, o a la empresa de carpetas y material de escritorio ajeno al proyecto; o gastos destinados a imagen que se utilizan para la realización de una página web para la empresa, al margen de la que se realice para el proyecto.

Estas empresas siguen recibiendo fondos públicos, por cierto. Y las autoridades de gestión de esos fondos siguen sin acceder a esta información, precisamente, porque faltan mecanismos de control y porque ese control se realiza exclusivamente desde un programa informático manejado por profesionales de la función pública que, desde sus despachos y a distancia, poco o nada pueden hacer por evitar este inmenso fraude.

Pero el fraude va mucho más allá. Empresas que forman parte de grupos empresariales que esconden la vinculación legal con la empresa beneficiaria de la ayuda para saltarse la Ley General de Subvenciones y recibir una parte del dinero público a través de subcontrataciones alegales que no pasan por el filtro público o, ya el colmo, empresas que traspasan trabajadores de una filial a otra o de una empresa del grupo a otra para no ver reducidos sus ingresos por gastos de Personal, después de haber echado a un 90% de los empleados a la calle antes de finalizar el proyecto.

Ante prácticas como estas, que no es difícil ver en el día a día de la gestión de fondos públicos, no deja de ser curioso que las empresas aparezcan como las grandes afectadas por la corrupción en el informe que acaba de hacer pública la Comisión. Seguro que muchas lo son, porque tienen que hacer frente a la corrupción pública y a la soterrada corrupción privada que está tan instalada en el día a día de la gestión empresarial pero, qué distinto sería todo si realmente se puediese investigar a cada empresa beneficiaria de fondos públicos sobre cómo los gestiona, cuánto de ese dinero público tiene un efecto positivo en el desarrollo de un nuevo modelo de negocio, de una aportación real al desarrollo de un producto… en definitiva, tiene una transferencia real hacia la sociedad. Y, desde luego, lo que es muy urgente es que se investigue a estas empresas que, beneficiadas con dinero público, se han permitido el lujo de plantear EREs ingentes entre sus trabajadores o despedirlos en masa alegando despidos objetivos por causas económicas mientras el dinero público sigue ahí, en la empresa, sin saber muy bien dónde, dando de comer a una estructura que sigue financiada con recursos de todos a la espera de nuevas convocatorias a las que echarles el lazo.